Desde los años setenta, el MIR ha representado la imagen de un examen necesario, difícil y justo, que rompió el sistema endogámico formativo previo de las cátedras médicas. Necesario para ser un médico formado y con posibilidades de ejercer. Difícil, por el escaso número de plazas ofertadas, y justo en la lid, porque a pesar de los déficits atribuibles al examen, el aspirante más preparado, el que acertaba más preguntas, tenía acceso a cualquier plaza nacional por riguroso orden de puntuación.

Recuerdo mi asombro cuando en los ochenta un ex residente me indicó su adjudicación de una plaza de AP mediante una entrevista personal con la gerencia, en la que se indagó su perspectiva sobre diversos aspectos de la AP. Desde entonces, y desde mi perspectiva, esta discrecionalidad ha ido progresivamente en aumento, hasta alcanzar la cota actual, absolutamente vergonzosa.

Entiendo que la característica fundamental de todo este proceso nepotista es el creciente abandono de la necesidad de demostrar por parte del aspirante su formación y/o competencia. Este mecanismo básico, de asegurar la máxima capacitación del personal contratado, ha cedido su primacía al de garantizar reales o supuestos derechos adquiridos. Éstos -en los casos más extremos, y merced a los acuerdos sindicales con la administración- posibilitan la adjudicación segura de plazas -cual cheques en blanco- mediante seudoevaluaciones, como las presentaciones de trabajos, cursos de actualización, etc.

De forma simultánea se incrementa la importancia en todo el proceso de selección de aquellos aspectos relativos a temas administrativos, jurídicos, programación, etc. que llegan a situarse al mismo nivel o incluso superior al de la materia profesional específica del médico. Pero su acmé y expresión cronológicamente más reciente, es la presentación previa al examen de un grupo de preguntas entre las que deben situarse aquellas que se tendrán que contestar, y que las propias estructuras sindicales o asociaciones profesionales se encargarán de contestar y ofrecer a los afiliados, para que así se aprendan las respuestas del examen. ¡Qué bochorno!

La segunda característica es que la importancia del esfuerzo personal realizado a lo largo de años de ejercicio queda minimizada ante la permanencia en el puesto. Por ejemplo; en mi reciente reincorporación a la plaza de APD que ocupo en la actualidad en Castilla y León, los elementos que puntuaban -tiempo de funcionario, tiempo en la plaza y cursos de formación continuada- iban de la mano a la ausencia de valor dado a los cursos de doctorado, tesis doctoral, la labor como profesor asociado de la Universidad, las décadas de formación de residentes, las publicaciones realizadas, los proyectos del FIS, etc.

El tercer aspecto a destacar es la falsa legalidad, entendida tanto como la búsqueda de artimañas jurídicas que barnizan y legitiman todas estas situaciones injustas, como a la ausencia de respuestas jurídicas adecuadas por la connivencia entre las estructuras de poder implicadas, sobre todo la administración y los sindicatos.

Así, por ejemplo, puede explicarse que las comisiones de servicio respondan al deseo arbitrario de las gerencias, sin requerimiento de explicar su necesidad ni la idoneidad de los candidatos favorecidos. La pseudolegalidad es obvia al violentarse el espíritu con el que se creó dicha figura administrativa.

Esta desprofesionalización progresiva a manos de un enchufismo nepotista con apariencia legal y democrática contribuye a deteriorar y desmotivar a la pieza fundamental de nuestro sistema sanitario -sus recursos humanos- y, entiendo, no debería obviarse ante cualquier cambio que pretenda mejorarlo en el futuro.